Tarifazo eléctrico: ¿necesidad o decisión política?

Desarrollo económico y tejido productivo local

El aumento de tarifas en los servicios públicos que propició el Gobierno Nacional en los últimos meses generó una fuerte caída del poder adquisitivo por parte de los hogares, sumado a un fuerte incremento de los costos de producción para las empresas. Entonces, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este ajuste tarifario?

Existe actualmente un fuerte debate sobre el nuevo esquema tarifario de los servicios públicos implementado por el gobierno nacional a principio de año, proceso que inició con un aumento en las tarifas de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires y alcanzó hasta un 900% de incremento en las facturas de los usuarios. Diversas fueron las justificaciones esgrimidas por el Ministerio de Energía y Minería para tomar la medida, tal como expresó el Ministro titular de dicha cartera en la conferencia de prensa brindada el día 29 de enero.

Una de las mayores dificultades que encontró la implementación efectiva de esta medida se basa en la inexistencia de audiencias públicas previas a la medida oficial. Cabe aclarar que éstas representan un requisito constitucional y los pedidos de realización por parte de asociaciones de usuarios y consumidores, se vio reforzada no sólo por los aumentos exorbitantes que representa la modificación del cuadro tarifario sino también por la condición de “clientes cautivos” de los usuarios respecto a este servicio público. Ante la negativa oficial, dichas entidades recurrieron a la justicia mediante la presentación de amparos, uno de ellos aceptado recientemente por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien dictó una cautelar interina suspendiendo el reajuste tarifario.

Otra razón oficial para tomar la medida, se basó en el cuestionamiento acerca de la proporción de gasto que implican los subsidios en relación al PBI. Si bien es cierto que en los últimos años se acentuó la política de subsidios a los servicios públicos, cabe recordar que en enero de 2002 se sancionó la Ley de Emergencia Económica n° 25.561, la que, sumada congelamiento tarifario, dispuso que el Estado se hiciera cargo en mayor medida de los costos de generación eléctrica.

Si bien desde 2002 a 2015 se evidencia un aumento superlativo del subsidio a la energía eléctrica, cerrar el análisis exclusivamente a este factor, niega la complejidad de la economía argentina. Según el Banco Mundial, el PBI total del país pasó de 97.725 mil millones de dólares en 2002 a 548.055 mil millones en 2014; es decir, en este período el PBI aumentó un 460%. En este sentido, cabe destacar que, en el mismo período, aumentó significativamente el porcentaje del PBI destinado a los subsidios energéticos, en consonancia con una política económica que fomentara la industria y la recuperación económica planteada en términos de consumo masivo. Esta transferencia de recursos, aunque muy criticada, generó dos consecuencias claras:

  • Un mayor margen para los hogares respecto a sus ingresos, fomentando así un aumento en los niveles de consumo especialmente de las clases populares y medias.
  • Costos de producción bajos, dándole a la industria y al comercio local un incentivo para producir, y generando menores gastos como paliativo para controlar la inflación.

Sumado a ello, si se tiene en cuenta los subsidios respecto al PBI total de otros países, se observa que Argentina, destinando el 3,25% del PBI, destina menos que Chile (3,32%), Estados Unidos (3,82%), aunque más que Brasil (2,35%), por citar algunos ejemplos. Se concluye entonces que los niveles de subsidios en Argentina no son extremos.

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a datos de FMI.
* Subsidian la electricidad.

Por otra parte, se argumentó que el reajuste tarifario actuaría como compensación para los sectores más humildes y para los usuarios que no habitan en el AMBA-. Sin embargo, si bien se puso en vigencia una Tarifa Social Federal para los sectores de más bajos ingresos, ésta tiene un límite de consumo que, si se excede, termina por equiparar a sus titulares con los usuarios comunes ya que luego de ese límite se pasa a pagar la tarifa plana. Por ejemplo, si se aplica el nuevo cuadro tarifario, a un usuario que consume 301 kwh al mes, el incremento (contando únicamente cargo fijo y variable) será del orden de un 680%, mientras que para un usuario que consume 2.800 kwh en el mismo período, el aumento será de aproximadamente un 420%.

¿Y las empresas?

Con el reajuste de tarifas se vuelve a poner en el tablero quién regula a las empresas proveedoras del servicio, especialmente cuando se considera el aumento considerable de los cortes de suministro eléctrico en los últimos años. En este sentido, cabe preguntarse qué compromisos asumieron las empresas prestadoras a fin de mejorar el servicio. Dado que las pautas no son claras hasta el momento, se siembra la duda acerca del objetivo final que persigue este incremento tarifario.

La magnitud que adquirió esta cuestión para los usuarios da cuenta también del impacto que significa para la economía de las familias, lo que se suma a la imposibilidad de cambiar de proveedor u optar por prescindir del servicio.

Es un debate pendiente cuál es el nivel de subsidio que debe mantener el Estado, pero no hay duda acerca de la obligatoriedad de contar con audiencias públicas, auditorías y una legislación que permita un control real por parte del Estado de las inversiones que realizan las empresas a cargo de la distribución del servicio eléctrico.

En el AMBA, una zona que concentra el 50% del PBI nacional, el aumento de tarifas golpea directamente al desarrollo productivo de la región, generando consecuencias directas para quienes trabajan en las industrias y locales comerciales. Además, la pérdida de competitividad por aumento en los costos termina por trasladarse a los precios finales de venta perjudicando nuevamente a los consumidores finales.

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